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Giménez deslizó presión judicial para anticipar su denuncia

“No tiré ninguna bomba y no era mi intención”

“No tiré ninguna bomba y no era mi intención”, expresó ayer Francisco “Paco” Giménez, tras el escándalo que generó el allanamiento al Municipio de Río Grande por presuntos negociados en la obra pública.

Giménez fue citado el mismo viernes por el Fiscal, y volvió a encontrarse con él por la noche, momentos antes del allanamiento.

Río Grande.- “No tiré ninguna bomba y no era mi intención”, expresó ayer por FM del Sur el Dr. Francisco “Paco” Giménez, tras el escándalo que generó el allanamiento al Municipio de Río Grande por presuntos negociados en la obra pública.

Explicó que “la intención no era realizar una denuncia sobre el fin de la semana pasada, como realmente sucedió. Veníamos trabajando con un equipo de colaboradores, gente de mi estudio, sobre la punta de una investigación que tenía que ver con la obra pública en la ciudad de Río Grande. Teníamos bastantes elementos recolectados, básicamente los balances de una de las empresas beneficiadas con la obra pública, pero como trascendió en los medios, hubo una nota que me habían hecho en un medio de Ushuaia hace como veinte días, que después se publicó en los portales, se precipitó todo y me llamaron de Fiscalía”, dijo.

Giménez fue citado el mismo viernes por el Fiscal, y volvió a encontrarse con él por la noche, momentos antes del allanamiento. “En la fiscalía me preguntaron cómo era el tema, qué era lo que tenía, y si estaba dispuesto a hacer la denuncia. Ya que la justicia lo había requerido, no tenía otra alternativa más que hacerla en ese momento, si bien mi intención era hacerla más tarde, al juntar más elementos”, aseguró.

“Volví a la tarde, en un horario que quedamos con la Fiscalía, cerca de la noche, y estuve declarando un rato largo, mostrándoles toda la documentación. Sabía que el juez (Leonelli) estaba esperando el resultado de mi declaración para ver si tomaba algún tipo de medida, si correspondía; y la documentación o la declaración mía lo ameritaban a hacerlo”, reveló.

“Después me enteré que toda esa noche hubo allanamientos en distintas dependencias de la Municipalidad y en la sede de las empresas”, sostuvo, dado que viajó fuera de la provincia de inmediato.

Respecto del contenido de su investigación, dijo que “surgió de comparar información que es pública, de comparar boletines oficiales, y detectar estas empresas. Todos en Río Grande sabíamos de quiénes se trataba y cuáles eran las beneficiadas por la obra pública”, afirmó.

 

Militante de Bertone

 

Se le consultó sobre su vinculación con la gobernadora Rosana Bertone, a quien respaldó incluso antes de que fuera electa. “Pueden ser ciertas las cosas que digan respecto de mi vinculación política, respecto de mi militancia política –admitió-, pero el foco de la cuestión está en que se respondan las preguntas que hice públicamente”.

“Un expediente de obra pública puede estar perfecto, pero si uno analiza el fondo de la cuestión, se puede dar cuenta de que la situación es distinta. La pregunta que tendrían que responder los funcionarios municipales, todos los que trataron de matar al mensajero y buscarme una vinculación política, es si es cierto que estas dos empresas, Lapabros Automotores SA y Constructora Patagonia SRL, estaban muertas desde hacía años, y a partir del 2012 con el cambio del paquete accionario a personas con fuerte vinculación al intendente Melella, pasaron a ser las mayores proveedoras de obra pública”, dijo.

“Los funcionarios municipales deberían responder cómo es que Lapabros Automotores pasó de tener un activo de 18 mil pesos en 2012; y en 2013 pasar a 32 millones de pesos, solamente haciendo obra pública. Y cómo pasó de cero facturación en 2012, a tener 7 millones en 2013 y más de 25 millones en 2014, con una utilidad del 30% sobre la facturación. Ahí es donde digo que está el sobreprecio, porque no hay ningún negocio del mundo que, de tener cero facturación, no tener personal ni máquinas, pase a facturar 7 millones con una utilidad del 30%”, afirmó el abogado.

“Cada siete millones que facturaban, ellos tenían un 30% de ganancia, y ahí está el sobrecosto de la obra pública”, interpretó, sin considerar que cuando se factura un servicio hay una ganancia para cualquier empresa o comercio.

Agregó que “la otra empresa, Constructora Patagonia, estuvo diez años muerta, sin ningún movimiento comercial; y cuando cambia el paquete accionario a un íntimo allegado al intendente Melella, pasa a facturar fortunas y hacer obra pública por contratación directa, licitación privada, y en algunos casos por licitación pública”.

“Esto deberían responder los funcionarios y algo ya dijo el intendente: que su secretaria privada tiene vinculación con una de las empresas. Hay algunas cosas que pueden no ser delito y otras pueden cruzar el límite ético, pero tienen que dar explicaciones”, insistió.

“Yo vi un hecho, lo denuncié, y es la justicia la que está investigando”, sostuvo Giménez.

 

Delito dudoso

 

Pese a sus investigaciones, el abogado reconoció dudas sobre la configuración de un delito en lo que está exponiendo. “No sé si la justicia va a encontrar algún tipo de delito, pero es un dato objetivo que acá hay empresas que se enriquecieron haciendo obra pública, por sus vinculaciones con el poder político de Río Grande”, dijo.

“Ahora seguramente la justicia seguirá investigando y tengo entendido que ha pedido informes a la Unidad de Información Financiera –UIF-, y que iba a elevar todos los antecedentes de estas empresas. La UIF es el organismo nacional que investiga el lavado de activos en el país, y seguramente esto tendría que derivar en una causa federal, porque el lavado de activos es un delito federal”, recordó, si bien la denuncia no menciona “lavado” sino presunto “peculado”.

“Estimo que la justicia (provincial) debería declararse incompetente en parte de la investigación, para que sea la justicia federal la que investigue el lavado de dinero –avanzó el letrado-. Es absolutamente claro que de algún lado salió el dinero, porque no es posible transformar 18 mil pesos en 22 millones en un año o dos”.

 

Advertencia al concejal Rossi

 

Por otra parte, Giménez adelantó una denuncia contra el concejal Paulino Rossi, quien le había pedido que reorientara su brújula, dado que “los mejores alumnos” en materia de negociados con la obra pública están en el gobierno, en función de la amistad de la gobernadora con Julio De Vido: “Más allá de si uno tiene vinculaciones, o si tengo que calibrar la brújula, ellos tienen que explicar esto –replicó-. Que no tenga dudas Paulino Rossi de que vamos a calibrar la brújula y le vamos a pedir explicaciones de cómo fue el negociado de los seguros durante su gestión en la Municipalidad. Que se quede tranquilo, porque ya va a tener novedades”, aseveró.

 

“Dejaron de robar”

 

Finalmente Giménez dijo que, aunque no se compruebe un delito, su denuncia “sirvió para que el propio intendente Melella reconozca que se pagaban sobreprecios en la obra pública de la gestión Martín y que tuvo que pagar sobreprecios que le había dejado Martín. Era íntimo y del riñón del intendente, que lo dejó en su lugar. Todos sabemos que la obra pública en Río Grande es la caja de la política. Esto lo saben muy bien los concejales. No sé si vamos a poder probar el delito, pero sí estoy seguro de que por lo menos esto sirvió para que dejen de robar por un tiempo. Hay gente que lo sabe y en la obra pública de la ciudad de Río Grande se está robando”, manifestó.

A modo de ejemplos, dijo que “el intendente Melella adjudicaba medio millón de pesos a estas empresas para pintar cordones, como si no hubiera personal municipal. Para pintar el tanque de Obras Sanitarias gastaron más de 300 mil pesos. Hicieron nichos por más de 300 mil pesos en el Cementerio, y se las daban a estas empresas, no a otras. Así se suman millones de pesos. Una de estas empresas realizaba obra pública sin personal y con máquinas que alquilaba. Es raro que a los concejales esto no les llame la atención, y es raro que toda la clase política de Río Grande no haya dicho absolutamente nada”, cuestionó.

Adelantó que va a entregar la documentación a los ediles, para que actúen: “Yo le voy a llevar lo que realmente está pasando en la Municipalidad. Voy a charlar con los concejales, porque creo que son buena gente y son decentes, porque a lo mejor no tenían los datos de la obra pública y les voy a mostrar cuál es la situación”, dijo.

“Ahora la justicia tiene la posibilidad de investigar. Puede ser que no sean delitos y se hayan traspasado normas éticas, pero para mí hay un claro conflicto de intereses, de tráfico de influencias y de sobreprecios. Yo llevaré todos los elementos que tenga a la justicia, y es la primera vez que hago una denuncia en mi vida. No soy un denunciador compulsivo y nunca tuve elementos para hacerlo”, concluyó.

 

Fuente: Diario Provincia 23.


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