En la política no tuvieron suerte, ninguno de los dos que se candidateaban a cargos en primer lugar de la lista pudo llegar. Su cosecha de votos fue magra. A diferencia de la política en su ámbito privado, los Sanchez Otharán supieron trabar buenos negocios con el polémico gremio del SUTEF, allí representaban gremialmente a los afiliados además de prestarle plata con su financiera. Ahora bajo la lupa judicial, siendo investigada en una causa penal por los presuntos delitos de fraude y usura.

La empresa de los Sanchez  Otharán denominada Credisur, tiene sedes en la calle Mackinlay 745 de Río Grande, y Gobernador Paz 224 de Ushuaia y a fines del 2014 firmó un ventajoso convenio con el SUTEF, para que sus afiliados obtengan créditos personales. Vale decir los mismos abogados del SUTEF eran quienes firmaron el convenio con el gremio, de allí la estrecha vinculación.

Pero más allá del convenio, la denuncia viene de las manos de dos personas ajenas a la entidad gremial. La Justicia de Ushuaia investiga las denuncias presentadas por dos personas que dicen haber sido víctimas de fraude y usura por parte de Credisur.

Según publicó el diario del fin del mundo, en una investigación del periodista Gabriel Ramonet , sostiene que en ambos casos, la modalidad es similar: las denunciantes manifiestan haber firmado un pagaré en blanco como requisito para obtener un crédito (de $15 mil en un caso, y de $20 mil en el otro) y sostienen que la financiera llenó el pagaré y lo ejecutó judicialmente, por valores sustancialmente superiores ($78 mil en un caso y $74 mil en el otro).
Además, una pericia agregada a la causa sostiene que Credisur aplicó tasas de interés que pueden ser interpretadas como de un 95% en el mejor de los casos, y del 1425% en el peor.
A esto se suma que otra pericia sobre los documentos obtenidos en allanamientos a la empresa, indica que la firma utiliza una modalidad similar con todos sus clientes, lo que podría dar lugar a nuevas denuncias a partir de la difusión pública del caso.
Por otra parte, la dimensión de la causa también está dada por el monto de los préstamos otorgados por Credisur entre 2014 y 2015.
Según un cuadro estadístico que obra en el expediente, la financiera prestó $132,54 millones de pesos en dos años, $19,25 millones en Ushuaia y $113,29 millones en Río Grande.
El fiscal Gustavo Daniel Curtale consideró que en el caso de las dos denuncias que existen hasta el momento, los hechos constituyen “prima facie” los delitos de “defraudación por abuso de firma en blanco” y “usura”.
A su vez, el juez Javier De Gamas Soler ordenó en las últimas horas las declaraciones indagatorias de siete personas, entre ellas los hermanos Sánchez Otharán que deberán presentarse el 10 de agosto, igual que la abogada Verónica Vanesa Criado.
Otra abogada, pero de Ushuaia, Vanesa Casas declarará 16 de agosto, junto a Hugo Horacio Ilarregui, mientras que Gloria Raquel Davicio y Rosana González deberán presentarse el 19 de agosto.
De Gamas Soler tiene que definir qué rol cumplió cada una de las personas en los presuntos delitos que se investigan, ya que Juan Francisco Sánchez Otharán e Ilarregui figuran como socios de Lian Group SRL, la sociedad bajo la que funciona Credisur, mientras que Néstor Sánchez Otharán, Criado y Casas habrían intervenido como abogados y también se investiga con qué grado de conocimiento actuaron los empleados de la empresa.
La situación de Casas es particular porque, según trascendió, es la esposa de Diego Carol, actual consejero y representante de los abogados de Ushuaia ante el Consejo de la Magistratura. Entre otros temas, Carol interviene en el concurso para elegir un juez del Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia, donde uno de los candidatos es Gustavo Daniel Curtale, o sea, el fiscal que interviene en la causa donde está imputada Casas.

Pago el doble

Mariela Élida Valiente sostiene que acudió a Credisur en febrero de 2015, para solicitar un préstamo de $15 mil, $5 mil para devolver un crédito anterior y $10 mil para afrontar el pago de unos pasajes aéreos. 
El modo de devolución del dinero fue pactado en doce cuotas iguales de $2600.
Dice que como requisito obligatorio para que le dieran la plata, tuvo que firmar un pagaré en blanco.
En marzo de 2015 pagó la primera cuota y en abril entregó un adelanto de la segunda porque no contaba con la totalidad.
En junio de ese año se enteró que la empresa había presentado el pagaré para su ejecución judicial, pero por un monto total de $74.812,30 más otros $29.924,92 de gastos. 
Silvia Rosa Paz había solicitado en la misma financiera, un préstamo de $20 mil en enero de 2015.
Le impusieron el requisito del pagaré en blanco y se estableció un mecanismo de devolución de doce cuotas iguales de $2917.
Pero en junio de 2015, también se enteró de la ejecución del pagaré, por un monto total de $74.812,30.
El perito del Poder Judicial Daniel Balihaut concluyó, entre otros puntos agregados a la causa, que si bien es esperable una tasa de interés mayor en los créditos otorgados por este tipo de compañías, para el caso de Credisur no debería haber sobrepasado el 62% anual en 2014 y el 54% en 2015, mientras que en los casos analizados fuel del 95% y hasta del 1425% si se analiza el interés aplicado sobre el saldo en la última cuota del préstamo.
 

Más antecedentes

Otro hecho llamativo vinculado con el caso lo constituye el cambio de nombre de la financiera y la creación de una nueva sociedad con la mayoría de sus integrantes en común.
Es que el origen de Credisur es una sociedad llamada “Finansur SRL” constituida por Juan Francisco Sánchez Otharán (socio gerente) y Hugo Horacio Ilarregui, el 1 de octubre de 2008, con sede en Mackinley 745 de Río Grande y un capital inicial de 100 mil pesos.
La sociedad se fundó para prestar “servicio de crédito que incluye el otorgamiento de préstamos por entidades que no reciben depósitos y que están fuera del sistema bancario, para financiar el consumo, la vivienda y otros bienes”, según se desprende del contrato de constitución de la firma.
El 29 de octubre de 2009 se incorporó como socia Lidia Reinos, con el 15 % de las cuotas societarias, y el 16 de mayo de 2012, Reinos le vendió su parte a Natalia Monti, por 290 mil pesos.
Un mes antes, el 28 de septiembre de 2012, la sociedad cambió de nombre, y pasó a denominarse Lian Group SRL, la denominación con que ahora es investigada por la Justicia.
Por su parte, el 26 de junio de 2015, fue creada “Terra Ignis SA”, una empresa dedicada a prestar “servicios de créditos, mediante préstamos de dinero a particulares o sociedades constituidas o a constituirse con garantía, incluso real o sin ella, incluyendo la administración de fondos y/o bienes por cuenta y orden de terceros”, entre otros fines que se desprenden de su contrato societario.
Los socios fundadores de Terra Ignis fueron Néstor Ignacio Sánchez Otharán y su hermano Juan Francisco Sánchez Otharán, además de Natalia Monti. 
La firma con domicilio en Piedrabuena 441 de Río Grande se constituyó con un capital inicial de un millón de pesos, y le confirió un poder a la abogada Verónica Criado (la misma que ahora será indagada) y al contador Gerardo Dahlquinst a fin de que “realicen todas las gestiones y diligencias necesarias para obtener de las autoridades de control las conformidades e inscripciones respectivas”.
Además de desempeñarse como abogados del Sutef, los hermanos Sánchez Otharán fueron candidatos a concejal (uno) y a legislador (el otro) sin que hayan resultados electos.
Juan Francisco también fue noticia el 20 de agosto de 2014, cuando recibió en Roma un apretón de manos del mismísimo Papa Francisco.
“Siempre que vengo a Roma aprovecho esta increíble oportunidad para escuchar el mensaje de caridad y humildad de nuestro Santo Padre. Agradezco eternamente a la Divina Providencia que me iluminó y permitió este encuentro”, sostuvo –luego- en declaraciones realizadas a un medio de comunicación riograndense (P/23)