Ayer se conoció por un despacho de una agencia internacional, que la constructora Andrade Gutiérrez, la segunda mayor de Brasil, manifestó su arrepentimiento y se comprometió a devolver a las arcas públicas 1.000 millones de reales (unos 285 millones de dólares) desviados en el caso de corrupción que tiene como eje a la petrolera estatal Petrobras.

La devolución de los fondos, que forma parte de un acuerdo de colaboración con la Justicia, fue divulgada a través de una serie de anuncios que la constructora publica hoy en los principales diarios del país.

En el anuncio de prensa, la empresa también hace un pedido de "disculpas al pueblo brasileño" y presenta una lista de ocho propuestas para evitar nuevos casos de corrupción en obras públicas.

Los ejecutivos de Andrade Gutiérrez han reconocido el pago de sobornos a políticos para obtener concesiones de obras en proyectos de Petrobras, además de en estadios de fútbol del Mundial de 2014, en la central nuclear Angra 3 y en la hidroeléctrica Belo Monte, que será la tercera mayor del mundo, entre otras.

Este es el acuerdo por mayor valor alcanzado hasta ahora entre una constructora y la Justicia en relación al caso de corrupción que gira en torno a la petrolera estatal Petrobras.

Según revelaron las investigaciones, las principales constructoras de Brasil organizaron un cartel para repartirse las obras sacadas a licitación por Petrobras y otros organismos públicos, elevaban los precios artificialmente y después pagaban sobornos millonarios a los políticos que permitieron las maniobras.

Petrobras, que está sumida en una grave crisis financiera, reconoció que ese fraude le costó pérdidas de por al menos 2.000 millones de dólares entre 2004 y 2015.

Desde que se iniciaron las investigaciones en 2014, en la Justicia convencional se han presentado acusaciones contra 207 empresarios, ejecutivos de Petrobras y políticos, de los que 111 han sido condenados.

En la jurisdicción del Tribunal Supremo actualmente están siendo investigados por el caso Petrobras cerca de medio centenar de políticos protegidos por sus fueros. El descubrimiento de este escándalo de corrupción ha sido uno de los principales factores que ha alimentado la grave crisis política que vive el país y que puede derivar en la destitución de la presidenta, Dilma Rousseff.

El juicio millonario que la provincia busca evitar

La misma empresa que hoy se muestra arrepentida de ser parte de los hechos de corrupción que ponen en vilo el gobierno de Dilma Rousseff., mantiene con nuestra provincia un litigio millonario.

El origen del juicio que Andrade Gutiérrez le inicio a la provincia fue la suspensión de la obra del Puerto Caleta La Misión en Rio Grande.  

Recordemos que el reclamo judicial del año 2009 orillaba los cien millones de pesos  por improductivos a los que deben sumarse las actualizaciones e .

Recordemos que  Suprema Corte habilitó la continuidad del proceso contra la Provincia en fallo divido considerando que la Corte provincial no ponderó debidamente “los fundados argumentos” planteados por la UTE Ormas-Andrade Gutiérrez, por lo que dejó sin efecto la sentencia dictada en diciembre de 2012 que había, a instancia del Fiscal de Estado, declarado la caducidad de instancia de la demanda contencioso administrativa contra la Provincia.

La Corte Suprema de Justicia de Nación, con el voto de Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni, falló a favor de la pretensión de la UTE Ormas-Andrade Gutiérrez, por lo que ordenó dejar sin efecto una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego que había declarado la caducidad de instancia del proceso que se seguía contra la Provincia, y que las actuaciones vuelvan “al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo con arreglo al presente”.

Entre los argumentos esgrimidos por los Ministros de la Corte se destaca aquel que menciona que si bien “lo atinente a la caducidad de la instancia remite a cuestiones fácticas y procesales” corresponde apartarse de tal regla “cuando el examen de los requisitos para la procedencia de la perención se efectúa con injustificado rigor formal que afecta la garantía de defensa en juicio y el debido proceso”.

Entiende la Corte Suprema que en el caso bajo análisis la Corte provincial “ha actuado con excesivo rigor formal y no ha ponderado debidamente los fundados argumentos planteados por la apelante al responder el pedido de caducidad presentado por el Fiscal de Estado”.

Agrega que “cabe recordar que fue la provincia quien admitió que las obras estaban paralizadas desde el año 1999 por falta de fondos, e invitó a la actora a negociar en forma extrajudicial para intentar solucionar el conflicto y continuar con la construcción del puerto.

Durante esas tratativas, la contratista actuó con voluntad conciliadora y aceptó la propuesta de cesión de derechos. Sin embargo, la promesa se frustró nuevamente, no por culpa de la actora, sino porque la Provincia, una vez más, no consiguió los fondos para financiar la obra”.

 En un duro cuestionamiento a la conducta desplegada en este caso por la Fiscalía de Estado, se señala que “en este contexto, que el Fiscal de Estado solicite la caducidad de la instancia y oponga la defensa de prescripción de la acción, resulta un inadmisible artificio tendiente a impedir un pronunciamiento sobre el fondo del pleito y, por ende, una conducta contraria al principio de buena fe que informa y fundamenta todo nuestro ordenamiento jurídico y debe regir la conducta de los entes estatales”.

Esta mención hace referencia a la presentación que en junio de 2012 realizó la Fiscalía de Estado ante el Superior Tribunal de Justicia, en la que sostenía que desde mayo de 2011 y hasta junio del año siguiente las accionantes “no produjeron ninguna actividad útil a los avances del proceso” y que en ese lapso “se superó en exceso el plazo de 6 meses” previsto en el código procesal civil, comercial, laboral, rural y minero para que declare la caducidad de instancia.

El Superior Tribunal compartió esa postura en cuanto a que “no media en autos a partir del 31 de mayo de 2011 ninguna actividad útil de las accionantes, ni acreditación relativa a su imposibilidad de actuar o de peticionar, disposición legal, o providencia que habilite reputar interrumpido el plazo de perención de este proceso”, por lo que cabe tener por cumplidos “los extremos que habilitan este modo anormal de terminación del proceso”.

Además no había hecho lugar a la pretensión de la UTE de que se considerare como un elemento “con efecto impulsorio” la presentación realizada en noviembre de 2011 por entender que ese escrito no hacía más “que transmitir al Tribunal la situación de progreso” en las tratativas que llevaban adelante autoridades provinciales, los representantes de la firma Servicios Navieros Piedrabuena y de la propia UTE “tendientes a superar el conflicto y llegar a una solución definitiva que permita la finalización de la obra”.

Vale recordar que esa inconclusa instancia de acuerdo contemplaba que Piedrabuena se hacía cargo de la deuda que se le reclamaba a la Provincia a cambio de quedarse con la construcción del puerto– que estaría a cargo de Ormas–Andrade Gutiérrez– y su concesión por 40 años una vez finalizada la misma.

Esa negociación fracasó tras la quiebra del grupo francés IFEFI y que su socia Piedrabuena se quedara sin inversores para llevar adelante el proyecto.

En conclusión la provincia quedo al borde de un fallo que la condenaría a un pago millonario a favor de la empresa brasilera, la cual acaba de reconocer en los tribunales brasileros que “aceptaba hechos de sobornos” por lo cual se abre un enorme interrogante en nuestra provincia. ¿Andrade Gutiérrez, abra actuado en nuestra provincia de la misma forma que lo hizo en suelo brasilero ?