Michel Temer, vicepresidente de Brasil y quien asumiría el Gobierno en caso de inicio del juicio político a la mandataria Dilma Rousseff, continúa buscando alianzas para su eventual gestión y aclaró que no postularía en las próximas elecciones.

El líder del PMDB intenta reunir apoyo, principalmente del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), para su probable rol de presidente, cargo que tomaría interinamente en la primera quincena de mayo si se mantiene la proyección de voto en el Senado para el proceso de impeachment a Rousseff.

"Yo me quedaría muy feliz si al final de un eventual gobierno, hablando siempre en hipótesis,consiguiese colocar al país en la ruta de crecimiento y pacificación. sin tener más disputas entre brasileños, y consiguiese una cierta armonía en la sociedad", señaló Temer, en declaraciones para SBT Brasil.

Según expresó, la eliminación de la posibilidad de una reelección le daría una mayor libertad de acción gubernamental para realizar las reformas que considere necesarias.

También, el vicepresidente mostró su compromiso de no interferir en la investigación del escándalo de corrupción Lava Jato: "Pretendo reinstitucionalizar el país, cada Poder hará su papel sin ninguna interferencia".

Tomer volvió a hablar sobre Dilma, quien lo acusó de orquestar el supuesto "golpe" que hay contra ella. "Tengo mucho aprecio personal por la señora presidente, mucho respeto y creo que todo el pueblo brasilero debe respetarla por el período que está pasando. No tengo ningún desprecio por ella, por más que ella pueda hacer una u otra acusación, a mi ver, injustificable", opinó.

A su vez, el político se reunió la noche del jueves con Aécio Neves, presidente del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), para acordar la participación del grupo de oposición en el eventual gobierno. Según reportó Folha do Sao Paulo, Neves le confirmó que su agrupación aceptó integrar la administración interina, ocupando cargos en el equipo ministerial, los cuales ya estuvieron discutiendo y proponiendo nombres.

En caso de que el Senado apruebe por mayoría simple el inicio del juicio político, Rousseff sería apartada de la Presidencia durante hasta 180 días, en los cuales el Legislativo analizaría a fondo la acusación que pesa sobre ella (manipular cuentas fiscales para ocultar el déficit en un año electoral).