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Deslizó que hay una justicia de supuestos coimeros

Augsburger estalló tras el rechazo de las cautelares

“Estoy cansado de tantas cabronadas”, disparó ayer el Dr. Luis Augsburger, abogado patrocinante de un grupo de estatales que accionó contra los descuentos salariales. Tras el rechazo de las medidas cautelares que intentaban frenar esos descuentos, cuestionó la falta de independencia judicial y aseguró que la acordada para adherir era innecesaria. Una mediática, un ‘coimero’ y un contemporáneo con los genocidas, formaron parte de las imputaciones que deslizó contra la cúpula judicial.

El rechazo de las medidas cautelares interpuestas para frenar los descuentos salariales a los empleados del estado hizo estallar ayer al Dr. Luis Augsburger, abogado patrocinante de un grupo de afectados por el paquete de leyes que la Legislatura apr

Río Grande.- El rechazo de las medidas cautelares interpuestas para frenar los descuentos salariales a los empleados del estado hizo estallar ayer al Dr. Luis Augsburger, abogado patrocinante de un grupo de afectados por el paquete de leyes que la Legislatura aprobó el 8 de enero.

Por Radio Nacional Ushuaia, comenzó explicando los fundamentos del rechazo: “El Superior da una serie de argumentos para no hacer lugar a las cautelares. Apunta a que la acción de inconstitucionalidad tiene efectos suspensivos y no tiene como objeto cobrar lo que se les está descontando sino declarar la inconstitucionalidad; que esto significa que hay que hacer después un nuevo juicio para cobrar lo que se está descontando y por lo tanto no tendría ningún sentido”, dijo del planteo de la Corte fueguina.

Agregó que en el rechazo se indica que “coincide en gran medida la cautelar con el fondo de la cuestión y, al expedirse sobre ella, estarían prácticamente expidiéndose sobre el planteo de inconstitucionalidad del corazón de la ley, que es el llamado aporte solidario, que para nosotros es un aporte compulsivo”.

Y cuestiona que para el Superior Tribunal “han faltado algunos requisitos” que permitan demostrar el perjuicio a los afectados.

“Uno no sabe si tomarlo en serio o es una fina ironía, porque dicen que no se han cumplido los requisitos para demostrar la urgencia y el mal irreparable que amerita el descuento de los sueldos. No sé si quieren que plantee que no se puede pagar el gas, la luz, o pretenden que cada uno de los presentantes haya tenido que tener un contador particular y llevar mes a mes un balance personal y familiar, para demostrar que este descuento los afecta esencialmente en su economía familiar”, ironizó.

 

Un peso menos

 

Para el abogado, con este rechazo “se han sacado de encima las cautelares para tener un peso menos. Ahora continúan tranquilos el juicio de inconstitucionalidad, porque nadie va a perder tiempo en apelar esas cautelares, sino que van a optar por conseguir una sentencia definitiva”, indicó.

Lo que queda es “solicitar que se corra traslado de la medida al Fiscal de Estado para que la conteste” y no hace falta buscar elementos de prueba a su criterio porque “son cuestiones de derecho y el derecho no se prueba, se prueban los hechos. Yo considero que ya estaríamos en condiciones de dictar sentencia, así que lo que viene ahora es que pidamos correr traslado la demanda interpuesta y el fiscal tendrá el tiempo que el código le otorga para contestarla”, dijo.

 

Descuentos en vigencia

 

Mientras tanto, seguirán corriendo los descuentos en los haberes y las jubilaciones, que podría demorar años en recuperar cada afectado, de lograr sentencia favorable, dado que en este supuesto, “habría que hacer otro planteo para solicitar la devolución de lo descontado, teniendo como base la declaración de inconstitucionalidad, cuando surja”, explicó Augsburger.

“Esta es una de las bases que utilizó el Superior Tribunal: que la sentencia de las cautelares tiene efecto suspensivo y no devolutivo, es decir que no devuelve la plata. Esto obliga al ciudadano a estar en una pelea permanente contra el Estado, porque al Estado se le ha ocurrido tomar determinadas medidas que no se ajustan a la Constitución Nacional, la Provincial, los pactos Nación-Provincia, los tratados internacionales, las declaraciones del pacto de San José de Costa Rica y demás”, sostuvo.

“No se puede saber el tiempo que va a pasar ni cómo van a estar las finanzas al momento de la sentencia vinculada con la devolución, ni qué forma de pago van a hacer o qué convenio van a aceptar”, apuntó, teniendo como referencia no tan lejana los descuentos de la gestión Manfredotti que mutaron al REPAS y se recuperaron luego de años de reclamo.

En caso de rechazo a la demanda de fondo, “tenemos el recurso extraordinario y también la Corte Suprema; aunque la Corte de Cambiemos es netamente economicista y mide la marcha de la Nación a través de los números”, advirtió.

 

Sin recusación

 

A diferencia del SUTEF, que recusó a los miembros aunque no prosperó el pedido, el Dr. Augsburger decidió no hacerlo en sus presentaciones. “Yo lo analicé y pedí una audiencia para hablar personalmente con la Dra. Battaini –presidente del Superior Tribunal-. De esto a mí nadie me pidió reserva ni la pedí yo. Estaba presente el Dr. Strático y le dije que, a pesar de la acordada nro. 2 que sacaron, no los iba a recusar porque creía en su buena fe y su imparcialidad”, dijo de la adhesión de la justicia, con los diferentes matices que se plasmaron en esa acordada.

“Lo que pedí fue que lo leyeran con atención y detenimiento y la Dra. Battaini respondió que siempre lo hacen. La recusación tenía sus inconvenientes además, porque los muchachos de ATE Río Grande presentaron un amparo el 10 ó 12 de enero y todavía están buscando juez”, aseguró.

Dijo que desde el gremio “plantearon la inconstitucionalidad de la 1.068 y todavía ningún juez quiso tomar el expediente. Está en la Cámara para resolver qué juez lo va a tomar y hoy no hay ninguno juez en condiciones de hacerlo, porque todos han participado de la reunión del Superior Tribunal la semana pasada, para pedirles que se decidan a aceptar o no la invitación a adherir. El resultado fue casi un 30% de negativa y no hay ninguna condición de tranquilidad de espíritu para tomar esta causa”.

Barajó que “seguramente serán nuestros colegas abogados –como subrogantes- los que tengan que cargar con la nada liviana misión de llevar adelante la resolución de un conflicto de esta naturaleza”.

 

¿Pago de favores?

 

Augsburger hizo interpretaciones políticas de la acordada, que “salió con tanto apuro y corriendo, o para quedar bien, o para pagar favores, o para agradecer el edificio de una forma directa o indirecta. No lo sé y todavía no lo entiendo”, señaló.

Y afirmó que “la acordada no era necesaria porque el Poder Judicial es independiente. No había necesidad de salir a tontas y a locas a dictar la acordada, previendo que iba a haber presentaciones. Dicen en su contenido que hay grave crisis, y las acordadas son para manejo interno, no para adherir a una ley, siendo un poder independiente”, subrayó.

“Si la ley los invita a adherir, que guarden silencio. Es la mejor forma de mostrar imparcialidad. A mi criterio enviaron dos mensajes: el primero, decir ‘muchachos, estamos con ustedes’ –en alusión al Ejecutivo provincial-; el segundo, que tengan cuidado porque ya hemos emitido nuestra posición entre líneas sobre esta situación”, interpretó.

Destacó la postura del fiscal Oscar Fappiano, que “no adhirió y fue injustamente castigado. Independientemente del sueldo que gane, mantuvo su independencia. Como parte de un organismo independiente, de la fiscalía, su silencio fue sinónimo de no”.

Observó que además al no tomar posición, no lo invalida a opinar cuando le corresponda, pero del resto “ahora ¿quién tiene confianza en quién? –preguntó-. El Dr. Löffler presurosamente adhiere, también la Dra. Martín, cuando uno tiene qué litigar con ellos en esta causa”, expuso sobre la Alzada.

“¿En qué punto uno tiene la tranquilidad de que son imparciales?¿Hasta qué punto uno no ha perdido la confianza en la imparcialidad de los jueces, en los juicios donde el estado es parte?”, planteó, recordando que “ya venían en decadencia, y cada vez que el Estado era parte, parecía que alguna parte del cuerpo se le fruncía”, disparó, con el ejemplo del fallo de la ley 648, casi paradigmático, durante la gestión Ríos.

“Consideran que esta acordada es un deber institucional que pesaba sobre ellos. Esto se llama la prepotencia del poder y falta de escrúpulos de los funcionarios. En otros tiempos no pasaba”, lamentó.

 

Crisis sin fundamento

 

El abogado aseguró por otra parte que “en ningún lado está fundada la crisis” a la que hacen mención los jueces de la Corte, como fundamento de la acordada 2. “No aporta fundamentos la acordada ni tampoco la ley 1068. Los mismos que declaran la crisis del IPAUSS son los mismos deudores de más de 400 millones de pesos. Ellos son los que se dan el lujo de declarar la crisis a través de 15 legisladores facinerosos que levantaron la mano”, fustigó.

“Esto indigna. Después dicen que uno despotrica contra el sistema, y que aborrece a la gente que está dentro del sistema, ¿no será al revés la cosa, al tratar esto entre gallos y medianoche, rodeados de policías?”, contrapuso.

Para el letrado esto es “atentar contra el sistema democrático, cuando se impide participar a los directamente damnificados por 15 legisladores, que después confiesan que ni siquiera han leído lo que votaron”.

“Al sistema se lo va haciendo trizas de a poco y convirtiéndolo en patrimonio del manejo de tres o cuatro que manejan el dinero de la mayoría de la población”, acusó.

Cargó nuevamente con los argumentos de que “no se demuestra el perjuicio” que traen los descuentos, cuando “a un jubilado que gana 40.001 pesos se le descuenta el 10%. Eso es perjuicio para quien tiene una economía familiar ajustada en Tierra del Fuego. Hay que ser un tarado para no darse cuenta, ¿o tenemos que llevarles factura por factura para demostrarle a Battaini, a Sagastume y a Muchnik el perjuicio?”, preguntó.

“Después llaman intolerantes a la gente que agota la paciencia y se les para arriba de un escritorio a zapatearles sobre los papeles de la chanchullada que están haciendo”, dijo, responsabilizándolos del “origen de esa intolerancia”.

“Ahora los inadaptados son los que están protestando, que perjudican a la ciudad con el turismo e impiden que el comercio se desarrolle normalmente. Y los que están protestando son las víctimas”, enfatizó.

“Que busquen a los que se llevaron más de 400 millones de pesos, a los que se llevaron 208 millones de dólares, que ahora quieren blanquear a través de bonos que van a poner a la venta para hacer casas, para mandar después el 70% del recupero al IPAUSS. Si eso no es licuar la deuda, qué es eso”, demandó.

 

Independencia formal

 

Augsburger se mostró convencido de que “la independencia judicial es una independencia formal, para que los amigos del poder entren por la ventana a formar parte del Poder Judicial de la provincia. Conozco muchos funcionarios que metieron sus hijos, sus hijas y seguro no entraron por concurso”, dijo y reveló que la Dra. Battaini lo sancionó días antes con una multa equivalente al “25% del sueldo de un juez de primera instancia, por expresiones mías en un escrito. Me tildó de odiar a este sistema y quienes están dentro. Yo le expliqué que no, y que como humanista que soy y por mis principios ideológicos y filosóficos, no puedo odiar a las personas. Yo fui sancionado no por declaraciones públicas sino por lo que pasa dentro del expediente. Y no soy el único”, afirmó.

“Además el Superior Tribunal no tiene competencia para sancionarme. Te sancionan cuando saben que les decís la verdad. No hay posibilidad de apelación porque el recurso de reconsideración lo resuelven ellos; así que estoy esperando a que me la ejecuten para decirles que no tienen competencia, porque para eso tenemos un tribunal de ética en el Colegio de Abogados, que sabrá qué tiene que hacer con mi conducta y mi actitud”, sostuvo.

“Yo le pregunto si con sus actitudes no están haciendo lo que me imputan, y tergiversando la función que tiene que cumplir el Poder Judicial dentro de un sistema democrático. ¿Quieren que le traiga al pensionado que vive en Monte Gallinero y no puede caminar, que gana 10.500 pesos y le descontaron 500?¿qué perjuicio le puedo tener que demostrar para esa persona que trabajó toda su vida?”, insistió.

El abogado concluyó con el párrafo más duro, apuntado directamente a la Corte: “Yo no llegué ayer a Tierra del Fuego y no hablo por boca de jarro. Conozco a más de uno de los que están acá. No pertenezco a los caza-juicios, yo camino la calle, ando con la gente y no me enfrasco en los flashes televisivos para hacerme pasar por la adalid de las mujeres que lideran movimientos feministas en Tierra del Fuego”, dijo tras la participación de la Dra. Battaini en la caminata de mentoreo de Voces Vitales.

Agregó que “tampoco pertenezco a una generación integrante de la fuerza más genocida que ha existido en el país; ni tampoco tengo fama de coimero”, para completar su percepción personal de la cúpula judicial.

“Que cada uno saque sus conclusiones –dijo al momento de dar nombres-. Alguna vez hay que poner los puntos sobre las íes. Ya tengo 62 años y estoy cansado de tantas cabronadas. Estoy cansado de que el hilo siempre se corte por lo más débil y tengo un hijo al cual rendirle cuentas. Cuando me diga qué hice por los más débiles y desprotegidos, le diré que esto hice, a sabiendas de las consecuencias que me puede traer aparejadas. A la Dra. Battaini le dije que me tiene absolutamente sin cuidado, que estoy preparado para esto y no estoy solo, porque hay mucha gente que comparte la injusticia y la indignación por todas estas medidas del gobierno”, concluyó.

 

El rechazo del STJ

 

Una de las cautelares rechazadas como primer medida adoptada desde el STJ fue la del sindicato judicial, el SEJUP, cuyo representante legal el Dr. Luis Augsburger señaló, “el argumento es que es demasiado apresurado para dictar una cautelar en una medida de inconstitucionalidad que es simplemente suspensiva, que no se llegó a demostrar el daño grave e irreparable que se produce a los solicitantes, mediante el pedido de la cautelar o sea que había que acreditar uno por uno los daños que los descuentes producen”.

Sobre las presentaciones señaló que “eran individuales, el que ganaba 40.001 pesos debía acreditar que daño se le producía a la economía por perder el 10%, lo que es imposible”.

Sobre la acción a seguir de ahora en más, Augsburguer agregó, “es una cuestión procesal dentro del juicio no la vamos a apelar por que se dilataría y preferimos seguir adelante hacia la declaración de inconstitucionalidad a ver que es lo que pasa, y que se devuelva lo descontado” concluyó el abogado del sindicato judicial.

 

Fuente: Diario Provincia 23 y Radio Nacional Ushuaia.


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