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Los gremialista al banquillo de los acusados

El Sutef busca presionar a la Justicia y frenar el juicio

Los docentes fueguinos intentan cerrar filas con todos los gremios de la isla. Sucede que el juicio por el delito de usurpación y el destrozo que hicieron en la Casa de Gobierno ya tiene fecha. Desde el gremio docente se insiste con la suspensión del debate y que se cumpla con el proceso de mediación que hasta ahora no fue habilitado. El gobierno por su parte rechazo la mediación y pide que se siga adelante con el juicio, tal como esta establecido.

Lo cierto es que desde el gremio al encontrarse encerrados y frente al juicio sostienen que  “hay un montón de trabajadores que nada tuvieron que ver con los hechos y están metidos en la bolsa” y recordó que la mediación está prevista por ley. “Son procesos voluntarios que se aplican al derecho penal. Es una excepción y permite que se pueda abrir un canal de diálogo a los efectos de lograr que la sanción penal sea la última ratio y se aplique cuando todo lo demás pasó”.

Mientras que los gremialistas buscan por todos los medios presionar a la Justicia para que suspenda los tiempos procesales, desde el gobierno no quieren saber nada con ir a una mediación. “Ríos quiere ver a los gremialista en el banquillo de los acusados” dijo una fuente del gobierno.

La conferencia de prensa.

Conferencias de prensa, marchas, protestas , publicidades en los medios y todo lo más que se pueda hacer para presionar a la Justicia es la tarea que tiene abocado a los gremialistas que deberá enfrentar una demanda penal por robo, saqueo, violencia y demás desmanes que produjeron cuando usurparon la Casa de Gobierno por más de una semana.

Durante la úlitma conferencia de prensa Catena a la cabeza del SUTEF explico  que “en el juzgado, para dar prioridad a este juicio, han suspendido otros tres que deberían tener prioridad de acuerdo a lo que marca el código procesal penal”  el gremialista denunció el no respeto a los plazos mínimos, y afirmó que queda planteado que es "una causa política con persecución política y que la justicia se presta a ello".

"Nos quieren sentar a los trabajadores en el lugar donde deberían estar varios funcionarios que es el banquillo de los acusados", manifestó Catena para luego dar la palabra a los demás dirigentes.


Pablo Capdevila, referente de Camioneros manifestó su preocupación, explicando por qué habían participado de aquella movilización. "Nuestros hijos van a la escuela pública y por eso nos solidarizamos con los maestros que estaban haciendo un reclamo legítimo hacía tiempo, por salario y en defensa de la escuela pública", dijo. Expresó luego que el abogado de los camioneros debe someterse a una operación el  4 de noviembre y que la justicia quiere poner un defensor público. Explicó que por eso se presentó una nota en el juzgado en el día de ayer diciendo que ya tienen un abogado hace 15 años y quieren que ese letrado los defienda. Señaló que están analizando las medidas de fuerza a tomar, no descartando parar en las ramas de combustibles, caudales, logística y residuos. Solicitó además la nulidad del juicio.


Seguidamente desde el ASEOM  manifestaron su solidaridad diciendo que "no vamos a permitir que nos amordacen y nos pongan grilletes a todos los sindicatos".


El diputado Oscar Martínez de la UOM manifestó "nuestro apoyo incondicional. Esto es una metodología para frenar las luchas del movimiento obrero. Estos jueces no se ocupan de los problemas de la sociedad sino que persiguen a los trabajadores. Cobran honrosas dietas y son los mismos que han permitido, siendo cómplices, el vaciamiento de la caja de jubilaciones y obra social del IPAUSS y son los que se benefician de esa Caja. No creemos en la Justicia, creemos en la decisión de los trabajadores tomadas en forma democrática".


Desde el SOEM, Sandra Esperón manifestó que más allá de cualquier valoración personal que tenga cada ciudadano, "lo cierto es que este Gobierno ha tenido una política de enfrentar y provocar a los trabajadores". "Si existió una situación de conflicto, la responsabilidad fue del Estado", dijo y pidió que se suspenda el juicio y se proceda a "una mesa de conciliación o mediación como hemos tenido nosotros cuando tuvimos un conflicto en el 2002."


Desde la OTR brindaron el apoyo  a los trabajadores y el repudio al Gobierno. Manifestaron estar a entera disposición de los trabajadores: "estaremos en la calle con los trabajadores y decimos no a la criminalización de la protesta social."


José Gómez de AFEP expresó "el acompañamiento incondicional a los compañeros". Responsabilizó al Gobierno por la falta de diálogo, "lo que lleva al conflicto continuo y permanente en el tiempo con todos los sindicatos". Acusó al Gobierno de "aplicar una política que lleva a los trabajadores al conflicto". "La justicia no ayuda, al contrario, esta complejizando el tema. Los principales responsables de esta situación están cómodos en sus casas". Finalmente indicó que con esto se  intenta amedrentar a las organizaciones.


Mónica Acosta de la Cooperativa de Trabajo RENACER expresó la solidaridad, indicando que la responsabilidad es del Gobierno actual y que quería saber cuál es la posición del Gobierno electo. "No me gustaría pensar que esto es pedido por un gobierno en la transición para poder aplicar políticas de ajuste", dijo. Luego señaló que "si condenan a los compañeros nos condenan a todos". Recordó que siempre  siguieron una línea de lucha para recuperar trabajo y defender trabajadores, "con las herramientas que tuvimos y de la forma que pudimos". Finalizó indicando que no hay duda de que "es una causa armada y orquestada para poder amedrentar a los trabajadores".


La docente jubilada Silvia Peñalva indicó que "este Gobierno nos ha tomado como un sector a enfrentar". Así señaló que se solidarizaban con los trabajadores procesados y que pedían la anulación del juicio.


Raúl Arce del SUTEF destacó el apoyo de organizaciones  a nivel nacional. "El día 4 será un día decisivo. Estaremos activamente con presencia en las calles". También señaló que llevar a los trabajadores al banquillo es un mecanismo que pone en riesgo a todos los trabajadores del país, citando casos de Santa Cruz como los petroleros de Las Heras o los docentes y padres llevados a juicio también en noviembre de este año.


Ante la pregunta del periodismo sobre de quien dependía la mediación, Catena manifestó: "Depende de Fabiana Ríos, en su momento plantearon que no. Están todas la posibilidades de transitar de acá a fin de año con tranquilidad", como también que suceda todo lo contrario. Mencionó la certeza de que este hecho generará conflicto en el sector docente basado en que hay una gran solidaridad de la docencia manifestada en las asambleas. Indicó que también va a haber  medidas por parte de Camioneros como lo manifestara Capdevila y que seguramente algunos sindicatos se sumarán.  Indicó que en el sector docente no se olvidaron que al cerrar el conflicto en el 2013, Ríos y el entonces subsecretario Fonrradona plantearon que no habían manejado bien el conflicto, que no lo habían dimensionado. "Es un conflicto que no supo llevar Ríos en su momento y se lo traslada a toda la sociedad", concluyó.

"No estamos de acuerdo con aceptar ninguna mediación"

La gobernadora Fabiana Ríos se refirió al pedido por parte de los gremios estatales de suspender el juicio por la toma de Casa de Gobierno y solicitar una mediación. Al respecto manifestó que "no estamos de acuerdo con aceptar ninguna mediación".

En este sentido Ríos explicó que "la mediación lo que sostiene es la idea de la criminalización de la protesta y aquí no ha habido criminalización de la protesta".


El pedido se da luego de la elevación a juicio de los hechos acontecidos en mayo de 2013, cuando integrantes del Sindicato de Camioneros y SUTEF tomaron la Casa de Gobierno.


"Lo que han habido son hechos criminales, en razón de una situación de protesta. Acá han habido robos, lesiones, hurto, destrucción de patrimonio público, y estos delitos que nosotros imputamos en razón de una ocupación forzada de la Casa de Gobierno, no son susceptibles de una mediación", enfatizó Ríos.


Asimismo, precisó que "no es la protesta lo que se denunció sino el hecho de que hubo 26 heridos, hurtos y robos de elementos personales en las distintas oficinas que fueron ocupadas, aunque éstas sean negadas. Los trabajadores, y los funcionarios han aportado su testimonio y las pruebas en razón de esto".


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