En un escrito oficial, dijo que no a la decisión del magistrado de los EEUU de "ampliar una acción colectiva de tenedores de bonos que demandaron a la Argentina por su incumplimiento de deuda en 2002", según difundió la agencia Reuters.

El texto de 10 páginas comienza con un adjetivo calificativo bastante particular: "exasperante". La complejidad de esta disputa parece ya molestar a esta corte: "Definir exactamente la clase de indeminización que debe otorgar la Argentina al no cumplir con sus obligaciones de pago de bonos y calcular esos daños han probado ser dos trabajos exasperantes".

El escrito también evaluó que extender la demanda colectiva a cualquier inversor de deuda impaga en euros es inapropiado, puesto que se debería reducir a quienes han tenido en posesión los bonos por un tiempo continuo.

Esta Corte ya había revertido el 10 de agosto una orden similar del juez Griesa que amplió la categoría de bonistas que podían reclamar derechos en otras ocho acciones judiciales colectivas contra la Argentina por deuda incumplida.

En este noveno caso la expansión también era demasiado amplia dado que no habría forma de establecer quién estaría cubierto en última instancia por la demanda, dado que los bonos pueden negociarse en los mercados secundarios.

Días atrás la jueza de Apelaciones Reena Raggi había dado una señal sobre el caso al sostener: "Cómo va a ser posible determinar la categoría cuando va a haber transacciones (de esos bonos) en los mercados secundarios entre la fecha para renunciar a los derechos de acción colectiva y la fecha del juicio?".

Esto forma parte de la interminable batalla judicial entre el Gobierno y un grupo de fondos de inversión -liderados por NML Capital Ltd- que demandan el pago completo más intereses de los bonos que el país defaulteó en 2002, tras una histórica cesación de pagos por 100.000 millones de dólares.

La Argentina reestructuró en dos canjes al 93 por ciento de los bonistas, pero cayó nuevamente en un default parcial en julio del 2014 tras no cumplir una orden de Griesa de pagar 1.330 millones de dólares más intereses a los holdouts.

Posteriormente, Griesa sentenció en junio que la Argentina debe pagar 5.400 millones de dólares a más de 500 acreedores que se sumaron a esa demanda, antes de que pueda pagar a bonistas reestructurados. En el marco de ese litigio, que lleva alrededor de una d‚éada, algunos acreedores han intentado resarcirse en grupo en trece acciones colectivas, pero los fallos de Griesa han sido revertidos al menos ya en nueve ocasiones.