La Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de la provincia confirmó el sobreseimiento de la gobernadora Fabiana Ríos y del ex ministro de Economía Cristian Ruiz en la causa donde se los investigaba por la presunta utilización del Fondo Fonavi, y del llamado Fondo de la Soja, para gastos corrientes del Estado provincial, durante los años 2011 y 2012, publica hoy El diario Del Fin del Mundo.

Ambos funcionarios estaban acusados del delito de malversación de caudales públicos, porque supuestamente le habían dado otro uso a recursos que tenían fines específicos establecidos por ley, como la construcción de viviendas sociales (Fonavi) o la realización de obras públicas (Soja).

La denuncia había sido presentada por el dirigente del partido Encuentro Popular Víctor Díaz, y ya había dado lugar a otros pronunciamientos similares. En 2013, la jueza María Cristina Barrionuevo rechazó el requerimiento del fiscal Mayor Guillermo Massimi por inexistencia de delito. Massimi apeló y la Cámara ordenó abrir la investigación, por lo que tanto Ríos como Ruiz fueron indagados en el marco de la causa Nº22.179. Después, en julio de 2014, Barrionuevo dictó el sobreseimiento de los dos funcionarios, basándose en diferentes pruebas.

Ante ello, la Fiscalía volvió a recurrir el fallo ante el organismo de apelación, que terminó expidiéndose a través de una resolución firmada por los jueces Walter Tabarrez Guerrero, Julián de Martino y Jorge Jofré, fechada en el mes de julio de este año pero cuyo contenido trascendió recién ayer.

La denuncia de Díaz puso la lupa en la utilización del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) y en el denominado Fondo Federal Solidario (conocido como Fondo de la Soja). La sospecha concreta es que la administración de Ríos se nutrió de ambas fuentes de financiamiento para el pago de sueldos de la administración pública.

En relación al Fonavi, la jueza Barrionuevo consideró en su resolución de julio del año pasado, que “a partir de 2002 y hasta la fecha, más allá del fin social tenido en cuenta para su creación, (esos fondos) resultan de libre disponibilidad, ello como consecuencia de la grave crisis económica, financiera y social que atravesaba el país en 2002”.

Es por ello que no tuvo en cuenta si esos recursos se usaron o no para gastos corrientes, porque “su utilización para hacer frente a posibles desequilibrios de caja, no resulta punible”, afirmó.

En tanto, sobre el Fondo de la Soja, la jueza realizó un análisis pormenorizado de las normativas que rigen el funcionamiento del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (FUCO) y llegó a la conclusión de que nunca se usaron esos recursos con afectación específica a obras públicas, para pagar sueldos de la administración pública.

Tras aclarar que no corresponde a la Justicia “detenerse a analizar el ritmo de ejecución de las obras y si hubo o no inmovilización de fondos”, la magistrada se basó en una pericia según la cual “desde el 3 de enero de 2011, y hasta el 31 de diciembre de 2012, no ha habido un saldo negativo en la diferencia existente entre el FUCO – IPV Fondo de la Soja”.

Según la resolución judicial, de ello se desprende que “no habría habido sobreutilización del FUCO, que sería utilizar más del 100 % del saldo de todas las cuentas oficiales, sino que además esos fondos de afectación específica (IPV y FFS) no habrían sido utilizados para hacer frente al pago de salarios de la administración pública”.

Massimi apeló esa decisión de la jueza, con el argumento principal de que la magistrada había repetido lo sostenido en 2013, y que ya había refutado la Cámara.

En ese sentido, consideró que de acuerdo a otros antecedentes jurisprudenciales, los fondos Fonavi no son de libre disponibilidad, mientras que las aprobaciones semestrales realizadas por una Unidad Ejecutora del Gobierno Nacional, sobre el uso del Fondo de la Soja, “no resultan vinculantes” para los juzgados encargados de investigar penalmente este tipo de causas.

Sin embargo, la Cámara de Apelaciones decidió, sobre el Fondo de la Soja, que si bien Barrionuevo utilizó para sobreseer a Ríos y Ruiz, un argumento ya tratado por ese organismo (el tema de las rendiciones semestrales) le agregó las conclusiones de una pericia contable, arribando de igual modo a la falta de responsabilidad penal de los funcionarios.

Y en cuanto a los fondos Fonavi, la Cámara compartió con la Fiscalía que la jueza no demostró que son de libre disponibilidad, porque citó para ello, fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero no explicó cómo se adaptan al caso específico. Sin embargo, el organismo concluyó que no se acreditó en la causa que los imputados “hubieran conocido el destino asignado a los bienes, ni tenido el fin de cometer un delito”.

Además, el juez Walter Tabárez Guerrero sostuvo que “las diligencias (probatorias) propuestas por el fiscal, no resultan útiles a los fines de obtener elementos de juicio, que eventualmente puedan poner en duda la defensa presentada por los imputados”, y  “no se visualiza medida probatoria alguna, con aptitud para ello”.

De Martino y Jofré suscribieron la misma sentencia, aunque Jofré con un voto propio en el que realizó otras consideraciones sobre la causa penal.