El gobierno kelper criticó el embargo millonario contra petroleras de Gran Bretaña y de Estados Unidos que operan en las Islas Malvinas, denunciadas por explorar y explotar hidrocarburos ilegalmente, y dijo que se trataba de una decisión con fines políticos "sin ninguna justificación legal".

En un duro comunicado dado a conocer en el día de hoy, la administración kelper aseguró: "Los habitantes de las Islas Malvinas tenemos el derecho inequívoco a desarrollar nuestros recursos naturales como mejor nos parezca, incluyendo el desarrollo de una industria de hidrocarburos, y contamos con todo el apoyo del Reino Unido".

"Leyes argentinas nacionales y su competencia no se aplican en las Islas Malvinas, y las amenazas de acciones legales contra empresas que operan legítimamente en aguas de Malvinas son más pruebas de los intentos del Gobierno de Argentina para impedir el desarrollo económico de las Islas Malvinas", sentenciaron.

Además, sostuvieron que la medida tiene una "motivación política" y que es un "intento totalmente inaceptable de ejercer la jurisdicción extraterritorial, sin ninguna justificación legal alguna".

Concluyen afirmando que "el Gobierno de las Islas Malvinas no tiene dudas acerca de su derecho legítimo a la licencia de actividades de exploración de petróleo y gas en alta mar conforme con la legislación promulgada en las Islas Malvinas, y seguirá apoyando a la industria de los hidrocarburos, desde la exploración exitosa hasta la inversión en la producción de petróleo en alta mar".

La jueza federal de Río Grande, Lilian Herráez, ordenó recientemente embargos por un total de 156,4 millones de dólares contra petroleras de Gran Bretaña y de Estados Unidos, que están denunciadas de explorar y explotar hidrocarburos ilegalmente en las Islas Malvinas. Además, decretó el secuestro de barcos y de otros bienes pertenecientes a esas compañías.

La medida fue dispuesta tras un pedido de los fiscales Marcelo Rapoport, de Río Grande, Adrián García Lois, coordinador de distrito de Tierra del Fuego, y Carlos Gonella, a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Los funcionarios imputaron penalmente el 21 de abril a las empresas transnacionales Falkand Oil and Gas Limited (FOGL), Edison International SPA, Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil plc y Rockhopper Exploration plc.

Según el Ministerio Público, la imputación fue por la presunta comisión de "actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en proximidades a las Islas Malvinas", dado que no cuentan "con autorización, concesión o permiso alguno otorgado por la autoridad competente argentina".

La magistrada fueguina dispuso también el "cese inmediato de la comisión del delito", lo que implica la interrupción de las actividades que llevan en la zona, las cinco compañías denunciadas de forma directa, y otras cuatro que le prestan distintos servicios. La orden judicial establece, asimismo, que tanto para el secuestro, como para los embargos y el cese de la operaciones, se deberán librar exhortos diplomáticos a través de la Cancillería argentina.

La denuncia fue realizada en un principio por los ministros de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, y de Planificación Federal, Julio de Vido, lo que luego motivó la intervención del Ministerio Público Fiscal.

Ayer, el gobierno de David Cameron, a través de su ministro para América Latina de la Oficina de Asuntos Internacionales, Hugo Swire, calificó la medida de "provocación" y aseguró que se trataba de una "inaceptable campaña para estrangular la industria de hidrocarburos de las Malvinas".