Ni bien se presentaron las denuncias penales, no solo el Intendente Gustavo Melella quedo en el centro de la escena como autor material de presunto abuso sexual coactivo, sino que la propia Justicia fueguina quedo bajo la lupa.

La rápida desestimación de las dos primeras denuncias por parte del Fiscal Candela sumada a la lentitud del Juez encendió una alarma que llamó la atención de todos los que siguen con interés el caso del Intendente riograndense.

Lo cierto es que el Dr. Ramiro Rua explicó en una entrevista radial que “se presentó la recusación al juez Raul Sahade y el Dr. Pablo Candela. Y además se pidió que los suspendan en el cargo inmediatamente. Esto es por diversas situaciones surgidas en la causa caratulada Giménez Francisco, un expediente en el cual se cuestionaba la imagen y actividad del intendente de Río Grande.

Acá no hablamos de situaciones de naturaleza sexual, sino de otros elementos además de los ya conocidos y que se explicitaron en los medios, estamos hablando de una dependencia total del poder político del intendente sobre el poder judicial.

Nosotros estamos en una cruzada avanzando contra la corrupción en los distintos departamentos judiciales para que dé una vez por todas podamos tener una justicia limpia y transparente, esto es sin sometimiento alguno a las autoridades del poder político de turno”.

Para el abogado “en este caso tanto el fiscal como el juez han tomado una participación hasta desprolija en la causa. Porque en principio se trató de minimizar los hechos, se trató de sobreseer a las personas denunciantes del intendente, luego de ello dieron marcha atrás. Pero ocurrieron dos episodios por demás cuestionables y duros. En primer lugar, el intendente está acusado de varias cosas y además de eso se le entregó una copia total de las actuaciones. Resulta violatorio del código de procedimiento que una persona imputada de un delito acceda a copia de las actuaciones, pero sabemos cómo se manejan. Le da la oportunidad de ir a ver a las personas que lo están denunciando para tratar de presionarlos, coimearlos o cualquier otro elemento irregular”.

Respecto de las explicaciones brindadas por Francisco Ibarra, abogado de Melella, sobre el acceso al expediente, Rua consideró que “se dibujó una situación de justificación para la entrega de copias. Pero con eso se frustraría la investigación del proceso que ya se pretendió varias veces frenar. La justica hace que hace, pero no hace nada”.

También cuestionó que “se presiona a los testigos para tratar de desvincular de un hecho aberrante como el manejo de fondos, tener el intendente a Río Grande como una casa propia donde están todos secuestrados a su disposición. Las personas son cosas para él, es espantoso. No entiendo cómo por ahora puede seguir siendo intendente una persona de estas características morales, además lucrando con los fondos de la intendencia”.

Ante este escenario, confirmó que “se presentó el pedido de suspensión en el cargo y la denuncia en el Consejo de la Magistratura. Entiendo que van a observar la causa y espero que sea con la celeridad que el caso amerita. No hay un plazo específico, pero esperemos que por lo menos se los suspenda mientras se analiza la cuestión”.

Rua es abogado penalista y tuvo resonancia con el casos de Hope Founds, la empresa de Enrique Blaksley, investigada por estafa y lavado de dinero; y la causa que terminó con la primer condena a un hombre por travesticido, en el caso de Diana Sacayan que fue asesinada de 13 puñaladas.