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Ante la crisis que afecta a la provincia

El MPF busca frenar el corte de servicios esenciales

La moción propuestas por legisladores mopofistas tiene por objetivo que no se suspenda el suministro de gas natural y de electricidad a los vecinos de Tierra del Fuego. Esto debido a que la quita paulatina de subsidios y el continuo proceso inflacionario están afectando las economías familiares e impiden afrontar en tiempo y forma el pago de servicios básicos.

La Legislatura fueguina a través de su Comisión de Labor Parlamentaria, definieron enviar el asunto Nº 319/18 a las Comisiones de Legislación General (1) y de Economía (2), para su posterior tratamiento en esos espacios de debate.

 

El proyecto de Ley, de autoría del bloque del MPF, refiere que durante la “temporada invernal, en forma previa a la suspensión o interrupción del suministro domiciliario de electricidad y gas natural por falta de pago, las empresas prestadoras deberán comunicar la situación a la autoridad administrativa competente en materia de defensa del consumidor correspondiente al domicilio del usuario”.

 

Además, entre los fundamentos vertidos desde la bancada, sostienen que “resultan de dominio público, los importantes ajustes que se realizan en los cuadros tarifarios de los servicios públicos, a partir de la eliminación paulatina de subsidios dispuesta por el Gobierno nacional”. De este modo, también manifiestan que, no se pretende abordar la cuestión de fondo sobre la “política energética y tarifaria de la Nación”. Así “atender a la necesidad humanitaria urgente de los usuarios consumidores y de sus familias, que no sólo se ven afectados por las elevadas tarifas, sino por las decisiones –en algunos casos intempestivas- de las empresas prestadoras de los servicios”.

 

Desde el MPF, buscan que distintos sectores se involucren a partir de la sanción de este proyecto de Ley. En este sentido y “conforme a las particulares circunstancias del caso, podrá darse igualmente intervención a las oficinas administrativas competentes en materia de asuntos sociales, y en materia de protección de la niñez, adolescencia y la familia”, en el caso de corresponder. Con el fin, que “las mismas puedan adoptar las medidas necesarias para la protección de las personas que pudieran verse afectadas para la eventual suspensión o interrupción del suministro del servicio público domiciliario”.

 

 

 


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