El proyecto de adhesión a la ley provincial de antidopaje obtuvo un amplio debate con posturas opuestas a la norma provincial y críticas al tratamiento que dado en la Legislatura.

El concejal Silvio Bocchicchio (ECoS) sostuvo que se trata de “una propuesta que no sólo tiene que ver con el consumo de drogas, sino que se admite que existe un consumo ilegal. Propongo que sea remitido a comisión para salvar la falta de debate que no tuvo en la Legislatura y que llegó al Concejo para que adhiramos sin fundamentos alguno”, dijo.

Bocchicchio enumeró los aspectos que tornan a la ley “inaplicable” y la calificó como una normativa “hipócrita”. El concejal especificó que la ley “tiene muchas falencias” y que por ejemplo el plazo que dispone para realizarse el estudio es mucho mayor al que perduran las drogas en el organismo.

Bocchicchio aportó que el examen de orina “es vulnerable” en comparación con otros como los estudios de sangre.

El edil también criticó la “falta de claridad” que tiene la ley en cuanto a “quiénes son los funcionarios alcanzados”, y agregó que “no está prevista en la ley la partida presupuestaria”, en ese sentido informó que los estudios que él se practicó le costaron $4.800. “Es decir que estamos hablando de $10 millones que el Estado debería a pagar a las clínicas; $10 millones que va a gastar el Estado en una ley que no resuelve nada en lugar de buscar la forma de evitar el consumo y el ingreso de droga a la ciudad”, reclamó.

“La ley tampoco contempla la ayuda a la persona que se detecta un problema de consumo, porque qué pasa con el pibe que es policía y se le detecta este tipo de problema, qué ayuda le brindamos. En la municipalidad por un lado le damos pasantías a las personas que están en recuperación y por otro lado los expulsamos, es contradictorio”, reflexionó Bocchicchio.

“La ley es ineficaz y por eso la sociedad descree. Me preocupa la hipocresía; que los pibes de Reencontrándonos estén por los pasillos tratando de conseguir un subsidio para poder funcionar, cuando con esta ley vamos a gastar $10 millones; me preocupa que no haya un perro antidroga en el aeropuerto; me preocupa que no haya un escáner en el paso fronterizo San Sebastián, me preocupa que no se hagan campañas de concientización”, sostuvo.

Por su parte el concejal Juan Manuel Romano (UCR) sostuvo que “entendemos las falencias que señaló el concejal Bocchicchio, habiendo vivido o conocido amigos o parientes que está pasando por el flagelo de esta enfermedad que nos toca de una manera de u otra a todos los que vivimos en Tierra del Fuego”.

Romano cuestionó el objetivo de la ley y sostuvo que “no sé si habla de salud, de persecución, de que el Estado se está haciendo cargo de lo que le toca. Pero me pregunto qué pasa con la persona que tiene una enfermedad de este tipo, si lo colgamos en una plaza o lo apedreamos. Entonces mi pregunta es que sí de esta manera el Estado se va a hacer cargo de una enfermedad que nos viene azotando hace tiempo”.

“No tengo nada que esconder, puedo ser voluntario para hacerme los estudios. Perdí muchos amigos en el camino por estar expuesto a esta enfermedad porque el Estado tampoco se hizo responsable, tal vez porque no tenía los recursos, pero no lo sé. Nosotros vamos a adherir a la ley, pero también vamos a pedir que nos ocupemos realmente de esta enfermedad que nos toca a todos directa o indirectamente, que no elige pobres o ricos, que se soluciona con afecto, con amor, con acompañamiento médico y no prendiendo fuego a un ser humano frente a la sociedad”, remarcó Romano.

El concejal Juan Carlos Pino (FPV - PJ) aclaró que “en ningún lado dice la ley que va a gastar $10 millones, y en cuanto las denuncias que se realizan en las redes sociales sin dudas son partidarios que hacen su trabajo en detrimento de la oposición”.

“Estamos mezclando porque la ley tiene que ver con el control de los funcionarios y no con la gestión de control que tenemos para ingresar a la Provincia”, aclaró Pino y especificó que “esta ley está relacionada con los electos, con los políticos, con los que están designados por un decreto. Esta ley está destinada para aquellos que ocupamos cargos y en el caso de los que ocupan cargos de seguridad, el agente que es el encargado de la seguridad de la sociedad y que maneja un arma, debe hacerse el control”.

MODIFICACIONES DEL PROYECTO DE ADHESIÓN A LA LEY

La ordenanza aprobada establece que los alcances serán para los siguientes funcionarios:

•             Departamento Ejecutivo: Intendente, Secretarios, Subsecretarios, Coordinadores, Jefes de Programas, autoridades de empresas del Estado Municipal;

•             Concejo Deliberante: Concejales, Secretarios, Prosecretarios, Jefes de Programas;

•             Juzgado Administrativo Municipal de Faltas: Juez, Secretario, Prosecretario;

•             Sindicatura General Municipal: Síndicos y Secretario;

Además establece que los funcionarios alcanzados por la ordenanza deberán realizarse los análisis correspondientes por el mecanismo de sorteo público y con un plazo máximo de 48 horas desde la notificación de la designación por sorteo.

En los casos en los que el examen demuestre la presencia de drogas ilegales, e independientemente de las sanciones establecidas por la ley provincial Nº 1233, los funcionarios deberán realizar tratamiento de adicciones y se les brindará asistencia tal como lo establece la ley nacional 26.657.