En un grupo de Whatsapp creado hace algún tiempo, diputados que están en contra de la despenalización del aborto hacen lobby interno. Dejan sus argumentos, comparten visiones y formulan propuestas. El chat arrancó con unos diez miembros, que de a poco fueron en aumento. Están dispuestos a dar la batalla en las comisiones, donde acaba de culminar la tercera semana de ponencias. Pero las negociaciones en torno al proyecto aún están tibias.

Mientras se suceden los discursos a favor y en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, la letra chica del proyecto todavía no superó la etapa de algunas conversaciones informales, de pasillo. Los dictámenes recién se firmarían a fines de mayo, según los planes del presidente de la Comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky, quien cada martes y jueves conduce las jornadas junto a Carmen Polledo (Salud), Gabriela Burgos (Legislación Penal) y Alejandra Martínez (Familia y Mujer).

Si algo quedó claro en las seis reuniones que ya se realizaron es que hay tres o cuatro aspectos puntuales del proyecto de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito que se llevaron la mayor parte de las críticas. Y si bien a priori los dos bandos son irreconciliables, las diputadas firmantes están dispuestas a conceder cambios para intentar llegar a un dictamen con el mayor grado de consenso posible.

Los nueve proyectos con giro a las cuatro comisiones parten de dos acuerdos básicos: la autorización para requerir un aborto a simple demanda hasta las 14 semanas de gestación, y la incorporación de esta práctica al sistema de salud pública. Esos dos puntos son “innegociables”, afirmó una de las diputadas que milita la causa.

En la iniciativa de la Campaña, se autoriza a las adolescentes desde los 13 años a abortar sin asistencia por parte de sus progenitores o de un representante legal. Ya en la primera audiencia, Polledo cuestionó esa posibilidad al cruzarse con el periodista Luis Novaresio: “¿Usted es consciente de que una niña de 13 años que no puede comprar un litro de cerveza en la esquina, con este proyecto va a poder ir sola a pedir un aborto?”.

Romina Del Plá (Partido Obrero), una de las primeras firmantes de la iniciativa, sostuvo que “el argumento de que una adolescente necesita consentimiento de los padres para poder interrumpir un embarazo desconoce la realidad de miles de jóvenes y niñas que son víctimas de abuso intrafamiliar, y retrocede en relación a la legislación vigente que reconoce la autonomía progresiva de los niños y adolescentes”.

En el artículo 26 del nuevo Código Civil y Comercial, “se presume que el adolescente entre 13 y 16 años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física”. Si la práctica es invasiva, sí se requiere asistencia. ¿Será entonces el juez quien determine si es o no invasiva? Es uno de los interrogantes que se estudian por estos días.

El derecho a la objeción de conciencia es otro de los puntos clave de la discusión. El proyecto de la Campaña no contempla esta posibilidad, es decir, un médico no podría excusarse de realizar un aborto por motivos religiosos. Pero hay disposición a conversarlo. “Si avanzamos con eso, debemos referirnos siempre a la objeción de conciencia individual, nunca institucional. Pero además, debemos ver la forma de implementar un ‘registro de objetores’, para que aquellos que quieran tengan ese resguardo, y si una mujer quiere realizarse un aborto, la institución deba garantizar que se haga la práctica, con otro médico”, explicó a parlamentario.com una diputada entendida en el tema.

En este debate amenaza un proyecto paralelo que el Poder Ejecutivo impulsa desde el año pasado, el de libertad de cultos. Por eso, las militantes del aborto legal buscarían garantizar que en ese texto el aborto quede exceptuado. Aunque no es una posición unánime, pues varios legisladores a favor de la despenalización están a favor de la objeción de conciencia, como Sergio Wisky (Pro), quien la plasmó en su proyecto.

¿Qué pasa con los abortos en caso de violación? En estos casos, según el proyecto de la Campaña, se podría realizar la intervención en cualquier momento del embarazo. Pero hay quejas entre los “antiabortistas”. Uno de ellos advirtió a este medio que “con este proyecto no es necesario denunciar la violación ante la Justicia” para un aborto, con lo cual, sostuvo, la mujer correría el peligro de volver a su círculo intrafamiliar, donde se producen los mayores casos de abusos.

Este planteo, para las diputadas de los pañuelos verdes, no está en discusión. “En nuestro Código Penal, los delitos contra la integridad sexual son de instancia privada. Si atamos el tema a una denuncia penal, violamos el Código Penal. Esto no lo resuelve ni la clandestinidad ni obligar a la mujer a denunciar”, sostuvo una legisladora ante la consulta.

Durante el tiempo que lleva el debate, también circuló con fuerza una opción intermedia entre las dos posiciones antagónicas: “despenalizar, pero sin legalizar”. “Es lo mismo que la nada”, sentenciaron en la Campaña. En el grupo “antiabortista” hay quienes sugieren una propuesta algo más difusa: que no se castigue a la mujer con prisión, pero sí se la obligue a cumplir algún tipo de “pena social”.

Por la sala de reuniones del Anexo C de la Cámara baja ya pasaron abogados, médicos, dirigentes políticos y sociales, exlegisladores, personajes del mundo del espectáculo, la filosofía y las letras. Con poca cantidad de diputados presentes -no se necesita quórum-, el debate continuará con este esquema hasta fines de mayo, mientras los sondeos muestran una balanza equilibrada, que hace imaginar un final abierto.