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Sospechas de corrupción

Se complica mucho más la situación procesal de Echegaray

La AFIP denunció a Ricardo Echegaray por asociación ilícita, encubrimiento y violación del secreto fiscal. El organismo recaudador acusa a su ex titular por no haber controlado de Lázaro Báez con facturas truchas.

La AFIP denunció a Ricardo Echegaray por asociación ilícita, peculado, encubrimiento y violación de secreto fiscal en una causa de 2015 contra Lázaro Báez, por facturación apócrifa donde se señala al fisco como un facilitador a favor del empresario K para dicha maniobra, “sin controles” al respecto. Además, pusieron como casos testigos las maniobras investigada en relación a Cristóbal López y a Ciccone.

La denuncia fue presentada por Jaime Mecikovsky en representación de la AFIP, y plantea “el encubrimiento llevado a cabo por altos funcionarios de la AFIP en la defraudación fiscal de un determinado contribuyente”, en referencia al dueño de Austral Construcciones.

Al respecto, el denunciante señaló que los funcionarios de la AFIP durante la gestión de Cristina Kirchner “realizaron conductas con el auxilio o con la utilización de un fuerte aparato de poder que lograba el cumplimiento de los mandatos ilícitos de estos funcionarios y concretaba el designio criminal de los autores”.

No sólo se favoreció a Lázaro Báez. La denuncia también cita el caso de la ex calcográfica Ciccone, los planes de pagos que obtuvo Oil Combustibles de Cristóbal López, como también una falsa denuncia contra Adolfo Prat Gay.

Según la extensa denuncia, los involucrados conformaron “una asociación ilícita cuyo accionar no se limita al delito o delitos investigados, sino a una multiplicidad y diversidad de ilícitos”. Todo iba destinado a un mismo objetivo: proteger a Báez, que entonces recibía del Estado nacional millonarios contratos viales.

Así, se planteó que el accionar de los funcionarios de la AFIP, con Echegaray a la cabeza, operó de forma “organizada en una estructura con larga duración en el tiempo” que se valió de “diversas herramientas y métodos para materializarlo”.

Por ejemplo, Austral Construcciones obtuvo justificaciones para no pagar sus obligaciones fiscales líquidas y exigibles, y consiguió “de forma arbitraria e ilegal facilidades de pago de obligaciones vencidas”.

Estas maniobras fueron investigadas en Bahía Blanca, donde se montó una usina de facturas apócrifas por más de 50 millones de pesos que involucra a Austral Construcciones y otras firmas vinculadas, y por otro lado, en el juzgado penal económico de Javier López Biscayart, que procesó a Báez por evasión tributaria de 80 millones de pesos.

En el marco de las investigaciones, Jaime Mecikovsky plantea que para que dichos delitos se hayan cometido, la AFIP cumplió un rol fundamental, al funcionar de manera funcional “ a los intereses espurios del grupo” Austral. Es decir, “actuaron de forma organizada, coordinada y controlada”, como una “asociación ilícita” encabezada por Echegaray y otros ex funcionarios como Rubén Toninelli, Horacio Curien, José Antonio Bianchi, entre otros.

Todos ellos utilizaron su cargo para “desplegar de manera instrumental la actividad aparentemente lícita ordenada y pergeñada en función del plan criminal” -que siempre fue “favorecer a Báez”- ya sea para emitir facturas apócrifas y ocultar las riquezas de la empresa y así evadir el pago de impuesto. Todo esto permitió que el ente recaudador “garantice la efectividad e impunidad de su plan criminal”.

¿Cómo se estructuró la presunta asociación ilícita? Por un lado, se designó a determinadas personas en cargos jerárquicos “elegidas para ejecutar el plan, como los subdirectores denunciados”. Por otro lado, desplazando a funcionarios que obstaculizaban la ejecución, entre ellos el propio denunciante, que pretendían fiscalizar al Grupo Báez.

También hubo “presiones a funcionarios del organismo para que ejecuten el plan”, y “se creó la dirección regional Río Gallegos, utilizada para encubrir” a Austral sin “dictaminar” sobre sus acciones. En sentido contrapuesto, se cerró la seccional de Bahía Blanca cuando quienes la integraban “comenzaron a fiscalizar las usinas de facturas apócrifas que se estaban encubriendo”.

En la denuncia, la AFIP se remitió a la situación de Cristóbal López. Recuerda que Ricardo Echegaray fue procesado por favorecer a Oil Combustibles con “sistemáticos e irregulares planes de facilidades de pago”. Así, la petrolera no pagó el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC), acumulando una deuda de 8.000 millones de pesos, fondos “con los que el empresario se financió adquiriendo más empresas”.

También, mencionó Mecikovsky que un accionar similar de observó en el caso Ciccone, la imprenta a la que se “permitió de manera fraudulenta que sea declarada en quiebra y finalizara siendo comprada por The Old Fund”, controlada por Alejandro Vandebroele. En total, hay cinco denuncias a diferentes seccionales de la AFIP bajo la misma figura de “encubrimiento”.

Por tales motivos, la denuncia sostiene que los funcionarios señalados -empezando por Echegaray- “orquestaron un entramado de actos administrativos ilegítimos con la finalidad clara de producir una exacción o sustracción del patrimonio estatal que tenían a su cargo percibir y custodiar”.

En todo momento hubo por parte del fisco “la intención de favorecer a determinados contribuyentes o grupo económicos” como el Grupo Austral en esta caso puntual, donde además “se encubrió la utilización de facturación apócrifa”.

Sin dejar de lado que se observa una réplica en “Ciccone y Oil Construcciones”, con quienes se “pretendió generalizar el otorgamiento de planes de pagos extraordinarios para pretender ocultar aquellos que se otorgaron”.

La causa quedó radicada en el juzgado del juez Daniel Rafecas, que analiza el expediente para ver si quedará en sus manos o la remite al de su par Sebastián Casanello que ya tuvo la causa inicial contra Báez.

 


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