El caso de corrupción que sacude a la FIFA e incluye a tres empresarios argentinos tuvo repercusiones en el gobierno nacional. El funcionario que se refirió por primera vez al tema fue el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien adelantó que el Poder Ejecutivo está trabajando en tres aspectos vinculados con la denuncia realizada por fiscales de los Estados Unidos.

La primera es diplomática. La Cancillería recibió la noche del miércoles pedidos de extradición paraAlejandro Burzaco y Hugo y Mariano Jinkis, los tres ejecutivos que son buscados por la justicia norteamericana. Casi inmediatamente, giró los escritos al juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, quien deberá definir si avanza con la captura de los imputados.

Las otras dos medidas son políticas. Fernández aseguró que instruyó a la AFIP y a la Inspección General de Justicia para que reclame el pago del Impuesto a las Ganancias en virtud de los montos que habrían pasado por las arcas de la empresas argentinas acusadas en la investigación. Además admitió que están analizando pedir la intervención de una de las compañías.

"De haber existido el pago de sobornos, el Estado, como socio minoritario del Grupo Clarín, puede pedir la intervención judicial de Torneos", aseguró el ministro coordinador en contacto diario con periodistas en Casa Rosada.

Y explicó: "Este tipo de actividades ilícitas pagan impuestos. En casos como en este tema, si se comprueba que hay pagos de estas características, el Estado a través de AFIP tiene todo el derecho a reclamar el 35% del Impuesto a las Ganancias. Hay un leading case en la Corte Suprema de Justicia que queda muy en claro".

Torneos, la empresa señalada por la justicia de los Estados Unidos, emitió un comunicado de prensa en el que deslindó responsabilidades en el escándalo de corrupción que salpica a la FIFA. "Torneos reitera su total rechazo a las vinculaciones injustamente señaladas y reafirma su predisposición para colaborar con la Justicia en pos del esclarecimiento de los hechos", indicó.