Un tribunal brasileño definió la suerte política del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

De manera unánime, los tres magistrados del Tribunal Regional Federal Nº4 (TRF4) dieron su veredicto este miércoles sobre el recurso del exmandatario contra una condena a casi diez años de cárcel por corrupción. Lejos de absolverlo, consideraron que se debe aumentar su pena a 12 años y un mes.

El primero en manifestarse en ese sentido fue el juez relator de la corte de apelaciones que examina el recurso. Se trata del magistrado Joao Gebran Neto, el primero de los tres miembros del Tribunal Regional Federal 4 (TRF4) en votar, tras la lectura de su informe durante más de tres horas en la sede del tribunal en Porto Alegre (sur).

Sus conclusiones respaldaron ampliamente las del juez de primera instancia Sergio Moro, que en julio pasado condenó a Lula a 9 años y medio de cárcel como beneficiario de un departamento en el balneario paulista de Guarujá, ofrendado por la constructora OAS a cambio de contratos en la estatal Petrobras.

Según Gebran Neto, hay pruebas "de que el apartamento tríplex, desde el inicio, inclusive antes de que OAS asumiera las obras, fue reservado para el presidente Lula".

El hecho de que no exista un título de propiedad -sobre el que se basa la defensa para pedir la absolución- se debe precisamente a la intención de ocultar que el entonces mandatario de izquierda (2003-2010) era el verdadero destinatario del inmueble.

Gebran decidió además elevar la sentencia, considerando que por la posición que ostentaba Lula, "su culpabilidad es extremamente elevada".

"Desafortunadamente está siendo condenado un expresidente de la República, pero que practicó un delito y pactó directa o indirectamente con la concreción de tantos otros (delitos)", alegó.

"El expresidente fue uno de los articuladores, si no el principal, del amplio esquema de corrupción" en Petrobras, del que "tenía conciencia" y al que "daba soporte", prosiguió.

Fue un "esquema sofisticado de fraude y corrupción" que fragilizó "no solo el funcionamiento de Petrobras sino todo el proceso político brasileño".

Lula apeló en libertad la sentencia del juez Moro, pero incluso ahora que fue confirmada su condena de prisión, dispondría de recursos para evitar que se haga efectiva.

El segundo magistrado en expresarse fue Leandro Paulsen, quien coincidió con Neto.

La sesión judicial se llevó a cabo en Porto Alegre (sur), sitiada por las fuerzas de seguridad ante el temor de enfrentamientos entre los partidarios de Lula, que llegaron en masa a la ciudad, y grupos de derecha que también llamaron a manifestarse para pedir que el exmandatario (2003-2010) vaya a la cárcel.

La decisión provocó un fuerte impacto en la sociedad y hay tensión en las calles. Miles de personas llegaron para apoyar al ex presidente, favorito en las encuestas de intención de voto tanto para la primera vuelta como para un eventual balotaje.

Con la confirmación de la condena, Lula, ve amenazada su participación en las elecciones presidenciales de octubre. También podría ser encarcelado, aunque en principio esa perspectiva todavía parece evitable.

El ícono de la izquierda latinoamericana, que el martes fue hasta Porto Alegre a arengar a sus miles de seguidores, había apelado en libertad la sentencia a nueve años y medio de cárcel dictada en julio por el juez Sergio Moro en el marco de la investigación "Lava Jato".