Cuenta la historia que el abogado penalista Juan Ladereche, fallecido hace unos años atrás, solía jactarse en charlas de café de cómo negoció la "licitación del IPRA" para que una sola persona se quedara con todo el juego, excepto el juego de paños, que estaba bajo la tutela del Casino Club.

Con su verborragia a cuestas, Ladereche se jactaba de que, siendo el abogado del Casino Status, tenía un escritorio "propio" dentro del IPRA, donde armó el pliego licitatorio a medida.

Más allá de las charlas de café, la realidad le daba en parte la razón. Nazareno Natales, conocido por todos como "Cacho", se quedó con todo el juego electrónico. Desde allí comenzó a construir un verdadero imperio y, en poco tiempo, se convirtió en el hombre más rico de la historia reciente de Tierra del Fuego. Su fortuna personal se cuenta de a cientos de millones de dólares.

La visita incómoda al Superior Tribunal

Es por eso que una visita al Superior Tribunal de Justicia —para hablar justamente con los dos magistrados que intervienen en la apelación presentada por el Gobierno provincial contra la sentencia que dejó sin efecto la convocatoria a convencionales constituyentes— despertó una fuerte sospecha en el mundo judicial.

A "Cacho" Natales se lo conoce muy bien en la política vernácula. Muchos recordaron aquel fallo del Superior Tribunal que terminó dando vuelta un reclamo del IPRA contra el empresario por falta de pago de canon por el uso de las tragamonedas, que terminó en una condena al propio  IPRA dejandoló al borde del quebranto.

En aquella oportunidad, el escándalo quedó en los pocos medios de comunicación que se animaron a publicar algo. La Justicia dio por cerrado el caso y, obviamente, nadie se animó a siquiera preguntar algo más. De un lado quedo un empresario cobrando una cifra sideral, del otro no hubo ni siquiera una investigación a los que supuestamente hicieron todo mal.

Aquel fallo judicial y la reciente visita de "Cacho" Natales a los magistrados designados a intervenir en el tema de la Reforma de la Constitución,Carlos Gonzalo Sagastume y Javier Darío Muchnik por lo menos levantó un grueso velo de sospecha.Sobre todo porque desde el STJ se ocuparon de mantener el "misterio" de la reunión. Hasta ahora no se desmintió el encuentro y mucho menos se informó a qué se debe la ilustre visita del millonario empresario del juego.

Lo que se sabe es que los jueces Carlos Gonzalo Sagastume y Javier Darío Muchnik son los que tienen las llaves para dar vuelta el fallo de la Justicia electoral que sepultó las pretensiones del gobernador Gustavo Melella de perpetuarse en el poder.

Melella habla de "no perder las esperanzas en la Justicia" para acceder a la reforma de la Constitución y poder presentarse a la reelección. ¿Qué relación tiene las esperanzas de Melella con la visita de "Cacho" Natales a los supremos? Esta pregunta incómoda es la que recorre los despachos más encumbrados del Poder Judicial.

Los antecedentes de una increíble historia

El momento clave de esta historia ocurrió en 2021, cuando el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego emitió una sentencia contundente que muchos calificaron como un baldazo de realidad para el Estado provincial. Otros, en cambio, vieron un negociado poco claro.

El Tribunal decidió dar por tierra la demanda del IPRA que pretendía cobrar un canon de uso por las máquinas tragamonedas, anulando por completo la Resolución Nº 309/12 —aquella con la que el organismo había rechazado injustificadamente el reclamo de la empresa—. En su lugar, declaró al IPRA civil y administrativamente responsable por los daños económicos causados a la firma Status y determinó que las máquinas tragamonedas otorgadas a la competidora (Casino Club) operaban de manera ilegítima y por encima de lo permitido.

Conclusión: la Justicia sentenció que el Estado provincial falló gravemente en su rol de contralor del juego. En pocas palabras, la Justicia le dio la razón al empresario y condenó al Estado por ineficiente.

La bola de nieve financiera

Lo que inicialmente comenzó como una liquidación determinada por el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego por un monto —ya de por sí considerable— de $2.192.157.658,92 terminó transformándose en una bola de nieve financiera de dimensiones alarmantes.

Debido a los "reiterados incumplimientos" en los que incurrió el organismo regulador de apuestas, los intereses acumulados dispararon la deuda total a $2.837.777.179,70**. A esto deben sumarse honorarios profesionales que sumaron otros $1.300 millones fijados para el abogado de la contraparte— y tasas judiciales pendientes de pago por más de $338 millones.

El desglose de los números evidencia una alarmante falta de previsión y una impericia financiera mayúscula. Cuando en marzo de 2023 se pactó un esquema de pagos que incluía un desembolso inicial de 600 millones de pesos y cuotas mensuales consecutivas, el IPRA arrastró un remanente no cancelado de capital de apenas 66 millones de pesos. Sin embargo, esa aparente "pequeña" diferencia se convirtió en la llave de un desastre mayor: la mora generó intereses financieros y punitorios que, sumados a cláusulas de capitalización, multiplicaron la deuda original por cifras astronómicas.

Para dimensionar la gravedad institucional del caso, basta mirar la foto actual: en abril de 2026, el IPRA le adeuda al Gobierno de la Provincia una cifra que escala a los $4.072.086.522.

En la práctica, el Poder Ejecutivo provincial tuvo que salir al rescate financiero del organismo para evitar un colapso mayor, asumiendo un pasivo que ahora el IPRA debe reintegrar —algo que parece sumamente lejano considerando sus balances actuales.

Esta realidad de los hechos se conjuga con los dichos del extinto abogado riograndense, cuando decía, sin dar muchas vueltas, que su cliente era el verdadero dueño del IPRA.